La Fiscalía General de la República (FGR) cerró la línea de investigación contra “El Clan” —grupo criminal que opera en la zona— y contra elementos de la Secretaría de Marina involucrados en la seguridad del Tramo 1 del Corredor Interoceánico, tras el trágico accidente que cobró la vida de varios trabajadores.

Según el dictamen oficial, no se encontraron elementos suficientes para acreditar responsabilidad penal por omisión o colusión en el caso. En cambio, la FGR anunció que ahora se enfocará en los maquinistas, operadores y personal técnico de mantenimiento, a quienes señala como posibles responsables de fallas operativas y de seguridad que habrían provocado el descarrilamiento.

La decisión ha generado indignación entre familiares de las víctimas y organizaciones civiles, quienes consideran que se busca “culpar a los de abajo” mientras se protege a estructuras de poder y grupos con influencia en la región.

La tragedia del Corredor Interoceánico se suma a una serie de accidentes en megaproyectos de infraestructura donde las fallas de seguridad y mantenimiento han cobrado vidas. La decisión de la Fiscalía de exculpar a “El Clan” y a la Marina, mientras dirige la investigación hacia los operadores de menor jerarquía, refuerza la percepción de que en México la justicia tiende a ser selectiva cuando se trata de actores con poder político o económico. En un país donde la impunidad sigue siendo estructural, este tipo de resoluciones erosionan aún más la confianza ciudadana en las instituciones y dejan a las familias de las víctimas sin respuestas claras ni justicia integral.
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