La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, exalcaldesa de Tecámac, ha sido señalada por presuntos vínculos con integrantes de “Los 300”, una banda delictiva dedicada al despojo de viviendas, asaltos y robos en el Estado de México.
La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, exalcaldesa de Tecámac, ha sido señalada por presuntos vínculos con integrantes de “Los 300”, una banda delictiva dedicada al despojo de viviendas, asaltos y robos en el Estado de México.


La senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, exalcaldesa de Tecámac, ha sido señalada por presuntos vínculos con integrantes de “Los 300”, una banda delictiva dedicada al despojo de viviendas, asaltos y robos en el Estado de México.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Gutiérrez en eventos y reuniones junto a personas identificadas por autoridades locales como parte de esta organización criminal, que opera principalmente en municipios del Valle de México. Las denuncias indican que durante su gestión municipal se habrían registrado tolerancia o protección hacia estas actividades, aunque la senadora ha negado cualquier relación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga diversos señalamientos contra su administración, incluyendo posibles irregularidades en contratos y manejo de recursos, aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales por los presuntos vínculos con el grupo delictivo.
El Estado de México ha sido escenario de una creciente disputa territorial entre grupos criminales que se dedican al despojo de propiedades, extorsiones y robos. Cuando una figura política con responsabilidades públicas es señalada por presunta cercanía con estos grupos, se genera una legítima preocupación sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones locales. La protección de la ciudadanía y el patrimonio de las familias debe ser prioridad absoluta para cualquier autoridad. En un contexto donde la violencia y la inseguridad siguen afectando a miles de mexiquenses, resulta indispensable que las investigaciones avancen con rigor, transparencia y sin distinciones políticas, para garantizar que el Estado de derecho prevalezca y que ningún cargo público sirva de escudo ante posibles vínculos con la delincuencia. La confianza de la sociedad en sus instituciones depende de que se actúe con firmeza y claridad ante cualquier señalamiento de esta naturaleza.
