La diputada federal de Morena, Patricia Armendáriz, acumula 78 inasistencias a votaciones en lo que va de la actual legislatura en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el registro oficial del Congreso, Armendáriz ha faltado a 78 sesiones de votación, lo que representa más del 35 % de las sesiones realizadas desde el inicio del periodo. Su alto índice de ausentismo contrasta con su activa presencia en redes sociales y en eventos partidistas.

La legisladora, quien forma parte de la Comisión de Hacienda, no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre sus reiteradas inasistencias. Algunos de sus compañeros de bancada han justificado las faltas por “actividades de representación en su distrito”, aunque el reglamento de la Cámara exige que los diputados prioricen sus responsabilidades legislativas.

La asistencia a las sesiones y votaciones es una de las obligaciones fundamentales de los legisladores, quienes reciben un salario y prestaciones pagadas con recursos públicos. En un país donde el Congreso maneja decisiones que afectan directamente la vida de millones de mexicanos, un ausentismo tan elevado como el de la diputada Armendáriz genera dudas legítimas sobre el compromiso real con la representación ciudadana. Este caso invita a reflexionar sobre la necesidad de mecanismos más estrictos de rendición de cuentas para quienes ejercen cargos de elección popular, especialmente cuando el discurso oficial enfatiza la austeridad y el servicio al pueblo.
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