La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por mayoría de votos, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda ordenar el bloqueo de cuentas bancarias sin necesidad de una autorización previa de un juez.

La resolución, emitida este 20 de marzo de 2026, modifica el criterio anterior y otorga mayor facultad a la autoridad administrativa para congelar recursos cuando existan indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Los ministros argumentaron que esta medida es indispensable para actuar con rapidez ante delitos graves.

La decisión ha generado preocupación entre especialistas en derechos humanos y abogados penalistas, quienes consideran que abre la puerta a posibles abusos y violaciones al debido proceso.

La Unidad de Inteligencia Financiera es una herramienta clave en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del crimen organizado. Sin embargo, otorgarle la facultad de bloquear cuentas sin intervención judicial representa un cambio significativo en el equilibrio entre seguridad y garantías individuales. En un país donde la impunidad sigue siendo elevada y donde se han registrado casos de uso discrecional de esta herramienta, esta resolución de la Corte invita a una reflexión cuidadosa sobre los límites del poder administrativo y la necesidad de mantener salvaguardas que protejan los derechos de los ciudadanos frente a posibles arbitrariedades del Estado.
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