Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas respaldaron el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que alertó sobre “indicios claros de crímenes de lesa humanidad” en México.

En un pronunciamiento conjunto, más de 40 organizaciones señalaron que la magnitud, sistematicidad y persistencia de las desapariciones forzadas —más de 130 mil casos documentados desde 1964— no pueden ser catalogadas como hechos aislados, sino como un fenómeno estructural que involucra tanto a actores del crimen organizado como a servidores públicos.

“El informe de la ONU confirma lo que las familias hemos denunciado durante años: las desapariciones en México tienen un carácter sistemático y generalizado”, afirmaron los colectivos, quienes exigieron al gobierno federal reconocer la dimensión de la crisis y fortalecer los mecanismos de búsqueda y justicia.

México registra una de las cifras más altas de desapariciones en el mundo contemporáneo. La respuesta del gobierno federal, que ha calificado el informe de la ONU como una “conspiración”, contrasta con el dolor y la exigencia de justicia de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos. Cuando un organismo especializado de las Naciones Unidas habla de “indicios de crímenes de lesa humanidad”, se trata de una señal de alerta máxima que obliga a una reflexión seria sobre la capacidad del Estado mexicano para cumplir con su obligación fundamental: proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos. La persistencia de esta tragedia humanitaria erosiona la cohesión social y la confianza en las instituciones, dejando en evidencia la urgente necesidad de una estrategia nacional efectiva que priorice la verdad y la justicia por encima de cualquier consideración política.
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