Durante su gestión como secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde autorizó permisos para la operación de al menos 20 casinos a empresas vinculadas a familiares y socios de Hernán Bermúdez Requena, conocido como “La Barredora”, hermano del exgobernador de Tabasco y figura cercana a la 4T.

Los permisos fueron otorgados entre 2021 y 2023 mediante la Secretaría de Gobernación, a pesar de que Bermúdez Requena enfrenta procesos judiciales por presunta desaparición forzada y nexos con grupos de poder local. La información fue revelada por una investigación que documenta la relación entre la exdirigente de Morena y el entorno del político tabasqueño.

La revelación ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y favoritismos en la entrega de concesiones para la operación de juegos de azar.

El otorgamiento de concesiones para casinos representa un negocio millonario que debe estar sujeto a los más altos estándares de transparencia y probidad. Cuando estos permisos se otorgan a familiares o socios de figuras políticas cercanas al poder, surge una legítima preocupación sobre la equidad y la limpieza en la administración pública. En un país donde el juego y las apuestas deben ser regulados con rigor para evitar su uso como instrumento de lavado de dinero o financiamiento irregular, este tipo de casos refuerza la percepción de que, en algunos círculos del oficialismo, las decisiones responden más a lealtades personales que al interés general. Los mexicanos esperan que el uso de recursos y permisos públicos se realice con absoluta transparencia, sin privilegios ni opacidad que erosionen la confianza en las instituciones.
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