Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sometieron a revisión fiscal a más de 10 mil asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales. De acuerdo con datos oficiales del propio SAT, al menos 347 asociaciones perdieron su registro como donatarias autorizadas entre 2019 y 2023, lo que implicó la cancelación de su capacidad para recibir donativos deducibles de impuestos.

La mayoría de estas revisiones se concentraron en organizaciones dedicadas a derechos humanos, medio ambiente, transparencia y asistencia social, sectores que en varios casos habían cuestionado políticas públicas del gobierno federal. Entre las eliminadas figuran asociaciones con trayectoria reconocida en defensa de víctimas de desaparición forzada, libertad de expresión y protección de recursos naturales.

El procedimiento de revisión masiva coincidió con una reforma fiscal que endureció los requisitos para mantener el estatus de donataria autorizada, bajo el argumento de combatir la evasión fiscal y el uso indebido de donativos. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en transparencia han señalado que el proceso generó un efecto inhibidor en la sociedad civil organizada, limitando su capacidad de fiscalizar al poder público y de atender necesidades sociales en un país donde más de 50 millones de personas viven en pobreza (Coneval, 2024). En un entorno democrático sano, la fiscalización debe ser proporcional y transparente, sin que derive en un instrumento que desincentive la participación ciudadana independiente.
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