El gobierno de México recibió formalmente solicitudes de extradición de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de las graves acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses señalan a Rocha Moya por supuesta protección y colaboración con operadores del cártel, facilitando el trasiego de fentanilo y otras drogas hacia territorio norteamericano. La solicitud incluye cargos por narcotráfico y lavado de dinero.

Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha confirmado públicamente la recepción de las peticiones, aunque fuentes diplomáticas indican que el trámite ya está en proceso de análisis.

Sinaloa ha sido durante años uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado y principal punto de salida de fentanilo hacia Estados Unidos. Cuando un gobernador en funciones es señalado directamente por autoridades estadounidenses, se pone de manifiesto la profundidad que ha alcanzado la infiltración del narcotráfico en algunas instituciones. Las familias mexicanas merecen gobernantes que prioricen la seguridad y el Estado de derecho por encima de cualquier cálculo político. Este caso refuerza la necesidad de que las autoridades mexicanas actúen con transparencia y firmeza ante cualquier señalamiento de esta naturaleza, para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que nadie está por encima de la ley.
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