La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México ha solicitado a Estados Unidos la extradición de empresarios involucrados en una red de contrabando de combustible conocida como "huachicol fiscal". Entre los requeridos se encuentran integrantes de la familia Jensen, detenidos en EE.UU. el año pasado por presunto tráfico ilegal de miles de cargamentos de petróleo crudo desde México a Texas, falsificación de documentos y lavado de dinero. Las investigaciones apuntan a vínculos con el Crimen Organizado, donde los Jensen actuaron como intermediarios en esquemas de evasión fiscal y blanqueo.

En México, la Fiscalía General de la República (FGR) lidera el caso, que ha resultado en detenciones de seis marinos, cinco exfuncionarios de aduanas y tres empresarios locales. Sheinbaum descartó investigaciones contra el exsecretario de Marina Rafael Ojeda, enfatizando que el proceso se centra en combatir la corrupción en el sector energético.

En contexto, este caso ilustra cómo el crimen organizado explota vulnerabilidades fronterizas para drenar recursos nacionales, afectando la soberanía energética y la estabilidad económica. Fortalecer mecanismos de control y cooperación binacional resulta esencial para proteger activos estratégicos como Pemex, promoviendo un entorno donde la legalidad prevalezca sobre prácticas que erosionan el desarrollo sostenible.
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