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Una fuerte división interna en Morena se hizo evidente cuando la diputada federal por Nayarit, Dayana del Carmen, acusó directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de reprimir y ordenar la detención de activistas y defensores de playas en Bahía de Banderas y Compostela.

Una fuerte división interna en Morena se hizo evidente cuando la diputada federal por Nayarit, Dayana del Carmen, acusó directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de reprimir y ordenar la detención de activistas y defensores de playas en Bahía de Banderas y Compostela.

Una fuerte división interna en Morena se hizo evidente cuando la diputada federal por Nayarit, Dayana del Carmen, acusó directamente al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de reprimir y ordenar la detención de activistas y defensores de playas en Bahía de Banderas y Compostela.

La legisladora morenista denunció que, bajo órdenes del mandatario estatal, se han registrado detenciones arbitrarias, intimidaciones y actos de represión contra ciudadanos que se oponen a proyectos turísticos y de desarrollo inmobiliario en zonas costeras. “No es posible que dentro del mismo movimiento se persiga a quienes defienden el medio ambiente y el patrimonio de los nayaritas”, señaló.

El conflicto expone fisuras crecientes entre la dirigencia nacional de Morena y algunos gobernadores del partido.

Nayarit ha visto en los últimos años un fuerte impulso a proyectos turísticos y de desarrollo costero que, según críticos, amenazan ecosistemas sensibles y el acceso público a las playas. Cuando una diputada del mismo partido acusa al gobernador de represión contra defensores ambientales, queda en evidencia que las prioridades de desarrollo no siempre coinciden con la protección del patrimonio natural y los derechos de las comunidades locales. Este tipo de divisiones internas reflejan las tensiones que surgen cuando el ejercicio del poder choca con las expectativas ciudadanas de transparencia y respeto al medio ambiente. Los nayaritas merecen que sus autoridades prioricen un desarrollo equilibrado que proteja tanto el entorno como los derechos de quienes lo habitan, sin que las diferencias políticas se traduzcan en actos de intolerancia o arbitrariedad.