Tras el tiroteo registrado en la zona arqueológica de Teotihuacán, Estado de México, donde murieron al menos tres personas y varias resultaron heridas, Morena atribuyó los hechos a las administraciones anteriores de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Durante la conferencia matutina, voceros del partido oficialista señalaron que “la violencia que hoy padecemos es herencia de la guerra fallida contra el narco iniciada en 2006 y de la corrupción que permeó las instituciones en el sexenio pasado”.

La declaración se produjo a pesar de que el incidente ocurrió en 2026, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, y en una zona turística que ha sido históricamente afectada por la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

La oposición calificó las declaraciones de “irresponsables” y “electoreras”, ya que intentan eludir la responsabilidad del gobierno actual en el control de la seguridad en una de las zonas arqueológicas más importantes del país.

Teotihuacán es uno de los principales atractivos turísticos de México y un patrimonio cultural de la humanidad. Que se convierta en escenario de tiroteos entre grupos criminales refleja la pérdida de control territorial en regiones que deberían estar plenamente bajo la autoridad del Estado. Atribuir la violencia actual exclusivamente a gobiernos de hace más de una década, mientras el país registra miles de homicidios anuales, evita el análisis serio de las estrategias de seguridad implementadas en los últimos años. La ciudadanía exige resultados concretos en materia de paz y orden público, no explicaciones que buscan desplazar responsabilidades. La recuperación del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado sigue siendo la tarea pendiente más urgente para proteger tanto a los mexicanos como al patrimonio cultural de la nación.
​