La bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa que busca modificar los porcentajes requeridos para la convocatoria y validez de la consulta popular y la revocación de mandato. El proyecto plantea bajar del 40% al 20% la participación ciudadana necesaria para que el resultado sea vinculante en ambos mecanismos. Además, reduce del 3% al 1% del padrón electoral la firma mínima de ciudadanos para solicitar la consulta popular.

Los legisladores argumentan que los umbrales actuales “dificultan la participación directa” y que la reforma fortalecería la democracia participativa. Sin embargo, la oposición (PAN, PRI y MC) ya anticipó su rechazo, calificando la propuesta como un intento de facilitar consultas controladas por el Ejecutivo.

La consulta popular y la revocación de mandato fueron incorporadas en 2019 como herramientas de control ciudadano. Desde entonces, la única revocación realizada (2022) apenas alcanzó el 17.7% de participación, lejos del 40% requerido para ser vinculante. En un sistema electoral que desde 1996 ha priorizado el equilibrio entre participación y representatividad, bajar los porcentajes podría facilitar la activación de estos mecanismos, pero también genera dudas sobre si se busca mayor involucramiento real de la ciudadanía o mayor control político sobre procesos que, en teoría, deberían servir como contrapeso al poder establecido.
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