El senador Gerardo Fernández Noroña reconoció públicamente que aceptó regalos de simpatizantes durante la celebración de su cumpleaños número 59, entre ellos relojes de alta gama y otros artículos de valor. En un video difundido en redes sociales, el legislador del PT afirmó que “los regalos son una muestra de cariño del pueblo” y que no ve irregularidad en haberlos recibido, aunque reconoció que algunos podrían superar el monto permitido por la ley para obsequios a servidores públicos.

La Fiscalía General de la República confirmó que abrió una carpeta de investigación por posible violación a los artículos 108 y 109 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prohíben a funcionarios aceptar regalos cuyo valor exceda tres veces la Unidad de Medida y Actualización (aproximadamente 32 mil pesos en 2026). Expertos consultados señalan que, de comprobarse el valor de los obsequios, podría configurarse un delito de enriquecimiento ilícito o cohecho.

La legislación mexicana establece límites estrictos a los regalos que pueden recibir servidores públicos para evitar conflictos de interés y prácticas de corrupción. En un país donde la percepción de impunidad en delitos de funcionarios sigue siendo alta —con más del 90 % de casos sin resolverse según el INEGI—, declaraciones como las de Noroña generan cuestionamientos sobre la coherencia entre el discurso de combate a la corrupción y la conducta personal de quienes ocupan cargos de representación. La investigación de la FGR será clave para determinar si se trató de un acto aislado o de una práctica recurrente que merece sanción.
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