La nueva Sala Regional de la Corte ordenó exentar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) del pago de casi 6 mil millones de pesos en impuestos predial y derechos a la Ciudad de México.

La resolución fue propuesta por la ministra Lenia Batres, quien argumentó que el ISSSTE, como entidad pública federal, goza de inmunidad fiscal sobre sus inmuebles. La decisión beneficia directamente al instituto y traslada la carga fiscal a las arcas de la capital del país.

La alcaldesa de la CDMX, Clara Brugada, y legisladores locales de oposición han criticado la medida, señalando que representa un golpe a las finanzas locales y un privilegio injustificado para una institución federal.

El ISSSTE es una institución pública que administra recursos de los trabajadores del Estado. Eximirlo de obligaciones fiscales que sí cumplen miles de contribuyentes y empresas privadas en la Ciudad de México genera una legítima preocupación sobre la equidad en el manejo de los recursos públicos. En una ciudad que enfrenta serios desafíos financieros para cubrir servicios básicos, seguridad y mantenimiento urbano, este tipo de resoluciones judiciales trasladan la carga a los ciudadanos capitalinos. La transparencia y la aplicación uniforme de las obligaciones fiscales deberían ser principios rectores, evitando cualquier apariencia de privilegios institucionales que terminen afectando el bolsillo de los contribuyentes.
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