Frida Gómez Rueda y Blanca Cruz García, las dos nuevas consejeras electorales designadas por el Senado para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se comprometieron a actuar con absoluta imparcialidad y a tomar decisiones “libres de cualquier influencia indebida”.
Frida Gómez Rueda y Blanca Cruz García, las dos nuevas consejeras electorales designadas por el Senado para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se comprometieron a actuar con absoluta imparcialidad y a tomar decisiones “libres de cualquier influencia indebida”.


Frida Gómez Rueda y Blanca Cruz García, las dos nuevas consejeras electorales designadas por el Senado para integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), se comprometieron a actuar con absoluta imparcialidad y a tomar decisiones “libres de cualquier influencia indebida”.
Durante su comparecencia ante los medios tras su nombramiento, ambas aseguraron que su prioridad será “garantizar elecciones limpias, equitativas y transparentes” en los procesos de 2027, y rechazaron cualquier señalamiento de que su designación responda a intereses partidistas.
“Venimos a servir a la ciudadanía, no a ningún partido ni a ningún gobierno. Nuestras decisiones serán técnicas, jurídicas y sobre todo imparciales”, declaró Frida Gómez.
El Consejo General del INE es el órgano responsable de organizar y vigilar los procesos electorales en México, por lo que su credibilidad depende en gran medida de la percepción de independencia de sus integrantes. En un momento en que se discute la reforma electoral conocida como “plan B” y existen fuertes tensiones políticas alrededor del árbitro electoral, las nuevas consejeras enfrentan el desafío de demostrar con hechos que su designación no responde a cuotas partidistas ni a afinidades con el gobierno en turno. La ciudadanía mexicana, que ha visto cómo la confianza en las instituciones electorales se ha visto erosionada en los últimos años, espera que las nuevas consejeras actúen con estricto apego a la ley y con una distancia clara respecto al poder político, para que los próximos comicios sean percibidos como limpios y confiables. Solo así se podrá fortalecer la legitimidad del proceso democrático.
