Nueve de cada diez mexicanos considera que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, según una encuesta nacional realizada por una casa encuestadora independiente.

El estudio revela un amplio consenso ciudadano: el 89 % de los entrevistados opina que las autoridades mexicanas deben colaborar plenamente con la justicia estadounidense y entregar al mandatario estatal, mientras que solo un 7 % se opone y un 4 % se declara indeciso. La mayoría de los encuestados manifestó que la credibilidad del Estado mexicano está en juego ante la gravedad de los señalamientos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene vigente la solicitud de extradición contra Rocha Moya por cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando nueve de cada diez mexicanos exigen la extradición de un gobernador en funciones señalado por narcotráfico, se manifiesta un claro hartazgo ciudadano ante la percepción de impunidad y protección política. Sinaloa ha sido durante años uno de los principales focos del crimen organizado y el mayor proveedor de fentanilo hacia Estados Unidos. La opinión pública exige que las autoridades prioricen la seguridad y la aplicación de la ley por encima de cualquier cálculo político o de soberanía formal. La confianza en las instituciones depende de que se actúe con transparencia y firmeza ante señalamientos de esta magnitud, demostrando que nadie, por alto que esté su cargo, está por encima de la justicia.
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