El Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó concentrar en los juzgados de la Ciudad de México todos los juicios de amparo interpuestos contra la reforma que busca eliminar las llamadas “pensiones exorbitantes” de jueces y magistrados.

La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación, argumenta que la concentración facilitará la uniformidad de criterios y evitará resoluciones contradictorias. La reforma, promovida por el gobierno federal, limita las pensiones de los servidores públicos del Poder Judicial a un monto máximo equivalente al salario del presidente de la República.

Diversos jueces y magistrados han promovido amparos argumentando que se viola el principio de irretroactividad y el derecho adquirido a una pensión conforme a la ley vigente al momento de su jubilación.

El debate sobre las pensiones de los servidores públicos del Poder Judicial ha sido uno de los más polémicos de los últimos años. Mientras el gobierno argumenta que es necesario acabar con privilegios injustificados, los afectados sostienen que se trata de un derecho adquirido y que la reforma tiene efectos retroactivos. Más allá de la discusión jurídica, el caso pone sobre la mesa la necesidad de que el sistema de pensiones del Estado sea sostenible, transparente y equitativo. En un país donde millones de trabajadores del sector privado y público cotizan durante décadas para obtener una pensión muchas veces insuficiente, resulta legítimo cuestionar regímenes que generan percepciones muy superiores al promedio nacional. La justicia exige equilibrio: ni privilegios desmedidos ni atropellos a derechos legítimamente adquiridos. Lo deseable es que cualquier reforma se realice con respeto al Estado de derecho y con una visión de largo plazo que garantice la independencia judicial sin sacrificar la responsabilidad fiscal.
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