Un grupo de habitantes de San Agustín Amatengo irrumpió en el Congreso de Oaxaca y raptó a la presidenta municipal Italivy Sarahí Juárez Ramírez, del Partido del Trabajo, luego de que el Pleno rechazara un dictamen para revocar su mandato por presuntos actos de corrupción, desvío de fondos y deficiencias en servicios básicos. La edil fue obligada a subir a una ambulancia para ser trasladada al municipio y rendir cuentas, pero fuerzas estatales la rescataron tras una persecución, deteniendo a al menos 30 personas involucradas.

Los hechos ocurrieron el 24 de febrero de 2026, durante una sesión donde se votó el dictamen con 21 votos en contra y 8 a favor. Los pobladores, que llevaban meses exigiendo su renuncia, expresaron su frustración ante la decisión legislativa. La Fiscalía investiga posibles delitos como secuestro y violencia política de género.

En contexto, este incidente resalta las tensiones en comunidades indígenas donde la falta de transparencia en la gestión pública erosiona la confianza en las instituciones. Refuerza la importancia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas para prevenir escaladas que afecten la estabilidad social y familiar, priorizando el respeto al estado de derecho en entornos de gobernanza local.
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