El presidente ruso Vladimir Putin promulgó una ley que amplía el régimen de industrias estratégicas para incluir grandes plantas procesadoras de pescado, permitiendo al Estado intervenir en inversiones extranjeras y potencialmente asumir control de activos clave. El proyecto, aprobado en primera lectura por la Duma el 30 de enero de 2026, extiende restricciones similares a las ya aplicadas en minería, donde empresas con participación extranjera superior al 25% requieren aprobación gubernamental.

Esta medida responde a preocupaciones por "seguridad nacional", pero críticos ven un paso hacia expropiaciones selectivas, como las vistas en sectores energéticos tras sanciones occidentales.

La legislación refleja un enfoque centralizador en economías clave, donde el Estado prioriza control sobre eficiencia privada, en un entorno global marcado por tensiones geopolíticas. En naciones con tradiciones de libre empresa, tales políticas podrían disuadir inversiones, afectando cadenas de suministro y oportunidades laborales en sectores vitales para comunidades dependientes de recursos naturales.
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