El gobierno de Estados Unidos expresó de manera directa su preocupación por la independencia del Poder Judicial en México, en el marco de los preparativos para la revisión del T-MEC prevista para 2026.
El gobierno de Estados Unidos expresó de manera directa su preocupación por la independencia del Poder Judicial en México, en el marco de los preparativos para la revisión del T-MEC prevista para 2026.


El gobierno de Estados Unidos expresó de manera directa su preocupación por la independencia del Poder Judicial en México, en el marco de los preparativos para la revisión del T-MEC prevista para 2026.
Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, señaló que Washington ha transmitido a las autoridades mexicanas la necesidad de contar con jueces “calificados, independientes y que no estén en el bolsillo de los cárteles o de cualquier otro actor”.
Kozak enfatizó que la certeza jurídica y la imparcialidad son esenciales para atraer y proteger la inversión estadounidense en México, especialmente ante la reforma judicial que establece la elección popular de jueces y magistrados. Empresarios y legisladores estadounidenses han manifestado que esta reforma genera riesgos de politización y posibles influencias indebidas del crimen organizado en el sistema de justicia.
La revisión del T-MEC representa una oportunidad estratégica para fortalecer la integración económica de América del Norte, pero también un momento en el que se evaluará la predictibilidad y el Estado de derecho en cada uno de los tres países. La certeza jurídica es un pilar fundamental para que las empresas inviertan con confianza, generen empleos y contribuyan al desarrollo. Cuando surgen dudas sobre la independencia del Poder Judicial, especialmente en un entorno donde el crimen organizado ha demostrado su capacidad de infiltración en diversas instituciones, se genera incertidumbre que puede desalentar la inversión productiva. Para México, garantizar un sistema de justicia autónomo, profesional y ajeno a cualquier influencia ilícita no es solo una demanda externa, sino una necesidad interna para consolidar el Estado de derecho y proteger el patrimonio y la seguridad de todas las familias mexicanas.
