La investigación sobre el supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 fue archivada y prácticamente desactivada durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012). La carpeta, iniciada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tras denuncias que apuntaban a vínculos entre operadores de campaña y grupos delictivos en Sinaloa y Guerrero, quedó estancada en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Electorales y nunca avanzó a una averiguación previa formal.

Fuentes periodísticas y testimonios de exfuncionarios señalan que la decisión de no profundizar en el caso provino de la cúpula de la PGR bajo la dirección de Eduardo Medina Mora (2006-2009), quien priorizó otras líneas de investigación relacionadas con el crimen organizado. Posteriormente, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, la carpeta fue considerada “no procedente” y quedó en el limbo administrativo. Ninguna administración posterior —incluida la de López Obrador— ordenó su reapertura.

El episodio ilustra cómo investigaciones sensibles que involucran a figuras políticas de alto perfil suelen quedar archivadas por falta de voluntad institucional o por cálculos políticos, en un país donde la impunidad en delitos graves supera el 95 % según el INEGI. En un sistema donde la procuración de justicia ha dependido históricamente de la orientación del Ejecutivo en turno, estos casos pendientes recuerdan la necesidad de una autonomía real de las fiscalías para que ningún actor político quede exento de rendir cuentas, independientemente de su posición o trayectoria.
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