Un ex elemento de la Secretaría de Marina (Semar) denunció que el secretario Rafael Ojeda Durán tenía conocimiento de una amplia red de huachicol que operaba en los ductos de Pemex, particularmente en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, Ojeda fue informado en múltiples ocasiones sobre las tomas clandestinas y el trasiego ilegal de combustible, pero no habría ordenado acciones contundentes para desmantelar la estructura. El ex marino asegura que la información fue entregada en reportes de inteligencia entre 2021 y 2024.

La acusación ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de la estrategia de seguridad en materia de robo de hidrocarburos, uno de los delitos más lucrativos para el crimen organizado.

El huachicol ha representado durante años una de las principales fuentes de financiamiento para los cárteles, generando pérdidas millonarias a Pemex y al erario público. Cuando un ex elemento de la Marina señala que el propio secretario de la institución tenía conocimiento de estas redes y no actuó con la contundencia esperada, se genera una legítima preocupación sobre la prioridad real que se ha dado al combate de este delito. Los mexicanos tienen derecho a que las instituciones de seguridad actúen con firmeza y transparencia contra todas las formas de delincuencia organizada, especialmente aquellas que afectan directamente la economía nacional y el bolsillo de las familias. La lucha contra el huachicol requiere voluntad política decidida y resultados concretos, más allá de operativos mediáticos.
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