Una investigación periodística reveló la existencia de 170 pruebas documentales que señalarían a Evo Morales de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Los elementos incluyen testimonios, mensajes y registros que habrían ocurrido durante su estancia en México.

En 2019, durante su exilio en el país tras dejar el poder en Bolivia, el entonces gobierno de Andrés Manuel López Obrador le otorgó asilo político, hospedaje en instalaciones oficiales y reconocimientos públicos. Morales participó en eventos de Morena y fue presentado como un líder progresista perseguido.

La información ha reabierto el debate sobre las decisiones de política exterior de la 4T y su cercanía con figuras controvertidas de la izquierda latinoamericana.

Proteger a quien enfrenta acusaciones tan graves de abuso sexual contra una menor genera cuestionamientos profundos sobre los criterios éticos que guiaron la política de asilo del gobierno anterior. Cuando se otorgan reconocimientos y recursos públicos a figuras con señalamientos de esta naturaleza, se envía un mensaje equivocado sobre la prioridad que se da a la protección de los más vulnerables. México tiene la responsabilidad de mantener una política exterior coherente con los valores de respeto a los derechos humanos, especialmente los de niñas y adolescentes. La solidaridad internacional no puede significar tolerancia ante conductas que atentan contra la dignidad de las personas.
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