El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, minimizó las graves acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo señalan por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En un acto público, Rocha Moya afirmó: “No tengo miedo, esto no es más que literatura”. El mandatario rechazó cualquier nexo con el crimen organizado y aseguró que continuará al frente del gobierno estatal, calificando las imputaciones como una “campaña política” en su contra.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene vigente la solicitud de extradición por cargos de narcotráfico y lavado de dinero.

Cuando un gobernador en funciones responde a imputaciones tan serias de una fiscalía federal estadounidense con descalificaciones y desafíos retóricos, se proyecta una imagen de confrontación que difícilmente contribuye a resolver los problemas estructurales de seguridad en Sinaloa. Este tipo de reacciones no solo mantienen la incertidumbre económica y social en el estado, sino que también cuestionan la disposición real de ciertas autoridades para colaborar de manera efectiva en la lucha contra el narcotráfico. La credibilidad de las instituciones mexicanas se mide por su capacidad de actuar con transparencia y determinación, más allá de posturas que parezcan priorizar la defensa personal sobre el interés colectivo.
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