El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de haber sostenido reuniones con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como “Los Chapitos”, en las que supuestamente solicitó apoyo político y financiero para su campaña electoral.

Según la acusación, los encuentros habrían ocurrido durante el proceso previo a su llegada al gobierno estatal, en los que Rocha Moya habría ofrecido protección y facilidades a cambio de respaldo. Las autoridades estadounidenses incluyen testimonios de testigos protegidos y evidencias de inteligencia que vinculan estos hechos con la estructura del Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York mantiene vigente la solicitud de extradición contra el mandatario, quien hasta el momento ha calificado las imputaciones como “infundadas y politizadas”.

Sinaloa representa uno de los mayores desafíos de seguridad para México por la presencia dominante del Cártel de Sinaloa. Cuando autoridades de otro país acusan directamente a un gobernador en funciones de sostener reuniones y pedir apoyo a líderes de esa organización, se pone en evidencia la profundidad que puede alcanzar la infiltración del crimen organizado en algunas estructuras de poder. Las familias mexicanas merecen gobernantes cuya lealtad esté únicamente con la ley y con la ciudadanía, no con grupos que han generado décadas de violencia y dolor. La transparencia total y la colaboración efectiva con socios internacionales son indispensables para recuperar el control territorial y garantizar que el servicio público se ejerza con integridad.
​