La secretaria de Energía, Rocío Nahle, se sumó a la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum al rechazar cualquier forma de intervención extranjera para combatir al crimen organizado en México.

Durante un evento en Veracruz, Nahle declaró: “No vamos a permitir ninguna intervención. México es un país soberano y nosotros resolvemos nuestros problemas”. Sus palabras refuerzan la línea oficial del gobierno federal de rechazar cualquier apoyo o acción directa de Estados Unidos contra los cárteles, a pesar de la creciente presión de Washington por la crisis de fentanilo y violencia.

La declaración ocurre en medio de operativos estadounidenses en el Pacífico y el Caribe, y mientras México registra altos índices de homicidios vinculados al narcotráfico.

La soberanía nacional es un principio fundamental que debe defenderse. Sin embargo, cuando el discurso de “no a la intervención” se convierte en una negativa sistemática a fortalecer la cooperación efectiva contra los cárteles que controlan territorios y generan miles de muertes al año, se genera una legítima preocupación sobre la prioridad real de proteger la vida de los mexicanos. El crimen organizado no respeta fronteras ni soberanías; opera como un poder paralelo que desafía al Estado. Las familias mexicanas, que sufren diariamente la violencia, esperan que el gobierno priorice resultados concretos en seguridad por encima de posturas ideológicas. La defensa de la soberanía no puede significar la aceptación pasiva de que los cárteles sigan gobernando regiones enteras del país.
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