Autoridades federales dieron a conocer documentos contables hallados en la cabaña de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en el fraccionamiento Tapalpa Country Club, Jalisco. Los registros, fechados en diciembre de 2025, detallan cómo el CJNG operaba con estructura empresarial: ingresos por 8.7 millones de pesos en la zona por venta de drogas y máquinas tragamonedas.

La nómina incluye pagos semanales a halcones (2,500 a 3,000 pesos), pistoleros (4,000 pesos) y comandantes (hasta 6,000-7,000 pesos). Algunos sicarios percibían hasta 16,000 mensuales, superior al salario promedio nacional. Los documentos también consignan presuntos sobornos a policías, Guardia Nacional y funcionarios locales, además de gastos en gasolina, hackers y operadores como “El Tuli”, quien recibía 300,000 pesos.

Esta contabilidad expone la sofisticación del cártel y los desafíos históricos de infiltración institucional en regiones clave. Las cantidades pagadas al personal deberían arrojar luz sobre el modelo fallido de incentivos que actualmente tiene el gobierno federal en forma de ayudas sociales.

Las becas del bienestar poco hacen para competir contra sueldos que están por encima del promedio en la zona. Lo que se requiere es más bien un Estado que haga respetar la ley o muestre consecuencias severas para quienes deciden no hacerlo.

En este sentido, países como El Salvador y su presidente Nayib Bukele, puede ser un buen ejemplo de cómo el Estado debe actuar ante un crimen organizado profundamente enquistado en el tejido social y económico de amplias regiones de una nación.
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