El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue recibido este martes en el Senado de la República en una reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue recibido este martes en el Senado de la República en una reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política.


El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, fue recibido este martes en el Senado de la República en una reunión a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política.
Durante el encuentro, el funcionario internacional expresó su preocupación por los altos niveles de violencia, impunidad y desapariciones forzadas en México. Legisladores de la oposición presentaron cifras actualizadas y reclamaron el reconocimiento de la magnitud del problema, mientras que los senadores de Morena, PT y PVEM rechazaron el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, calificándolo de “tendencioso” y argumentando que las desapariciones son un problema estructural heredado de administraciones anteriores.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, reiteró que el gobierno actual ha avanzado en la atención del tema y cuestionó la metodología del organismo internacional.
México acumula más de 130 mil personas desaparecidas según registros oficiales, una de las cifras más altas a nivel mundial. Cuando un alto funcionario de la ONU visita el país y expresa preocupación por la violencia y la impunidad, la respuesta institucional que minimiza la dimensión del problema y desplaza responsabilidades hacia el pasado genera una profunda inquietud. Las desapariciones no son un asunto del pasado ni un tema ideológico: representan una tragedia humanitaria que afecta diariamente a miles de familias mexicanas que viven en la incertidumbre y el dolor. La sociedad espera que las autoridades asuman con seriedad y transparencia esta crisis, fortalezcan los mecanismos de búsqueda y garanticen justicia, por encima de cualquier consideración política. Solo con reconocimiento pleno de la realidad se podrá avanzar hacia una solución efectiva que restituya la paz y la confianza en las instituciones.
