El gobierno de Claudia Sheinbaum adjudicó directamente, sin licitación pública, al menos tres contratos por un total de hasta 227 millones de pesos (aproximadamente 12.5 millones de dólares) a Neuronic Mexicana S.A. de C.V., empresa vinculada al conglomerado estatal cubano BioCubaFarma, controlado por el régimen de La Habana.

Los contratos, firmados en 2025, tienen por objeto la adquisición de miles de piezas de medicamentos contra el cáncer, como vincristina, metotrexato y doxorrubicina, destinados principalmente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). La operación se realizó pese a las advertencias internacionales sobre la falta de certificaciones confiables y la opacidad del sistema farmacéutico cubano.

Hasta el momento, no se ha aclarado si los medicamentos cumplieron con los estándares de calidad requeridos por las autoridades sanitarias mexicanas.

México enfrenta un persistente desabasto de medicamentos oncológicos y de alto especialidad en sus instituciones públicas, lo que ha afectado gravemente a miles de pacientes con cáncer. La decisión de destinar recursos públicos millonarios a un proveedor vinculado directamente al régimen cubano —un gobierno que ha reconocido escasez crónica de medicinas incluso para su propia población— genera serias dudas sobre la transparencia, la calidad y el criterio de priorización en las compras del sector salud. En un país donde los recursos son limitados y donde la atención médica oportuna es una necesidad vital, este tipo de contratos directos invita a una reflexión profunda sobre si se está protegiendo realmente la salud de los mexicanos o si se están privilegiando consideraciones de afinidad política por encima de la eficacia y la seguridad de los tratamientos. La rendición de cuentas clara y la verificación rigurosa de la calidad de los medicamentos deben ser prioritarias para evitar que recursos del erario terminen en manos de regímenes con historiales opacos en materia sanitaria.
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