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De acuerdo con información de fuentes cercanas a la investigación, al menos dos socios cercanos de Andy López (coordinador de Organización de Morena) y de Adán Augusto López Hernández estarían colaborando con autoridades estadounidenses en una investigación sobre posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento irregular vinculadas a la 4T.

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la investigación, al menos dos socios cercanos de Andy López (coordinador de Organización de Morena) y de Adán Augusto López Hernández estarían colaborando con autoridades estadounidenses en una investigación sobre posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento irregular vinculadas a la 4T.

De acuerdo con información de fuentes cercanas a la investigación, al menos dos socios cercanos de Andy López (coordinador de Organización de Morena) y de Adán Augusto López Hernández estarían colaborando con autoridades estadounidenses en una investigación sobre posibles operaciones de lavado de dinero y financiamiento irregular vinculadas a la 4T.

Los empresarios, que participaron en diversos contratos con programas sociales y empresas relacionadas con el partido, habrían aceptado declarar ante la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU. a cambio de posibles beneficios procesales. La investigación se centraría en movimientos financieros sospechosos ocurridos entre 2020 y 2024.

Aunque no se han presentado cargos formales en México, la colaboración binacional ha generado preocupación en círculos cercanos a Morena.

Este tipo de colaboraciones con autoridades estadounidenses suelen ocurrir cuando existen indicios de delitos transnacionales como lavado de dinero o financiamiento ilícito. En un país donde la percepción de impunidad en casos de corrupción de alto nivel sigue siendo elevada, el hecho de que socios cercanos a figuras relevantes de Morena estén declarando ante agencias extranjeras pone en evidencia las limitaciones del sistema de justicia mexicano y genera dudas sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos durante la 4T. La ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad si los recursos que provienen de sus impuestos fueron utilizados de manera correcta o si existieron irregularidades que merecen ser investigadas con rigor y sin distinciones políticas.