La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, habría facilitado la adjudicación de contratos por más de 45 millones de pesos a una empresa que enfrenta investigaciones por presunto daño al erario en administraciones anteriores.

De acuerdo con documentos revisados, la empresa —dedicada a servicios tecnológicos y de consultoría— obtuvo asignaciones directas durante el proceso de modernización del padrón electoral y sistemas de votación. La misma firma es investigada por irregularidades en contratos con otras dependencias federales.

La oposición en el INE y legisladores de la Cámara de Diputados han exigido una explicación detallada sobre los criterios de asignación y solicitaron que se revise la posible existencia de conflicto de interés.

Hasta el momento, Taddei no ha emitido una declaración oficial sobre los señalamientos.

El Instituto Nacional Electoral maneja recursos públicos millonarios y su credibilidad depende de la transparencia absoluta en el ejercicio del gasto. Cuando la máxima autoridad del árbitro electoral es señalada por facilitar contratos a empresas con antecedentes de irregularidades, se genera una legítima preocupación ciudadana sobre los criterios que rigen las contrataciones en una institución clave para la democracia. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es elevada, este tipo de casos refuerza la necesidad de que el INE aplique los más altos estándares de austeridad, competencia y rendición de cuentas, evitando cualquier apariencia de favoritismo que pueda erosionar aún más la confianza de los mexicanos en el proceso electoral.
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