El 23 de enero de 2026, el vicepresidente JD Vance anunció durante la Marcha por la Vida en Washington la expansión de la Política de la Ciudad de México. Esta medida, originalmente instaurada por Ronald Reagan en 1984 y reinstaurada por Donald Trump en su primer mandato, prohíbe el uso de fondos federales estadounidenses para organizaciones no gubernamentales que realicen o promuevan abortos, así como para aquellas que impulsan ideologías de género y programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI). El ajuste afecta más de 30 mil millones de dólares en ayuda exterior no militar.

Fuentes del Departamento de Estado indican que la política se aplicará a programas humanitarios, con el objetivo de alinear la cooperación internacional con principios que prioricen la protección de la vida desde la concepción y la estructura familiar tradicional. Esto implica cortar recursos a entidades transnacionales que han utilizado financiamiento público para facilitar procedimientos abortivos y presionar por cambios legislativos en países en desarrollo.

Grupos como Planned Parenthood han expresado oposición, pero la medida busca evitar que fondos estadounidenses apoyen prácticas que atentan contra la vida prenatal y promueven agendas divisivas en temas éticos sensibles.
Esta expansión refleja un debate global sobre el uso ético de recursos públicos, donde políticas conservadoras han ido reduciendo el apoyo a enfoques progresistas que priorizan cambios culturales sobre la defensa de valores universales como la vida y la familia.
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