Veracruz se mantiene como la entidad con el mayor número acumulado de fosas clandestinas en el país, con 668 registros documentados desde 2006, según un análisis reciente de Causa en Común. Esta cifra representa alrededor del 12 % del total nacional, es decir, una de cada diez fosas clandestinas localizadas en México se encuentra en territorio veracruzano.

El estado ha sido escenario de algunos de los hallazgos más grandes de América Latina, como las fosas de Colinas de Santa Fe y El Arbolillo, donde se recuperaron cientos de cuerpos. A pesar de los cambios de administración, la entidad sigue concentrando un alto volumen de entierros ilegales, vinculados principalmente a la disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

Los colectivos de búsqueda continúan trabajando en la zona, muchas veces con apoyo limitado de las autoridades estatales.

Veracruz ha sido durante más de una década uno de los estados más afectados por la violencia del crimen organizado, con periodos de fuerte presencia de grupos como Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación. La acumulación histórica de fosas clandestinas refleja no solo la intensidad de la confrontación entre cárteles, sino también las limitaciones persistentes del Estado para recuperar el control territorial, garantizar la seguridad de la población y ofrecer respuestas efectivas a las familias de las víctimas. Cuando un estado registra sistemáticamente el mayor número de entierros ilegales, se evidencia una crisis profunda de impunidad y de debilidad institucional que trasciende gobiernos y obliga a una reflexión seria sobre las estrategias de seguridad y procuración de justicia. La labor incansable de los colectivos de búsqueda sigue siendo un recordatorio doloroso de que, en muchas regiones de México, las familias deben asumir tareas que corresponden al Estado.
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