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Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (Morena), por el delito de abuso de autoridad. La decisión se tomó tras una audiencia que duró más de 14 horas, en la que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas durante su gestión (2019-2021), particularmente en el manejo de contratos y recursos públicos.

Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (Morena), por el delito de abuso de autoridad. La decisión se tomó tras una audiencia que duró más de 14 horas, en la que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas durante su gestión (2019-2021), particularmente en el manejo de contratos y recursos públicos.

Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez (Morena), por el delito de abuso de autoridad. La decisión se tomó tras una audiencia que duró más de 14 horas, en la que la Fiscalía General del Estado presentó pruebas sobre presuntas irregularidades cometidas durante su gestión (2019-2021), particularmente en el manejo de contratos y recursos públicos.

El juez impuso a Bonilla la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por un año, mientras se desarrolla la investigación complementaria. La acusación principal se centra en la presunta adjudicación irregular de contratos millonarios y el uso indebido de facultades como gobernador.

Bonilla Valdez fue el primer gobernador emanado de Morena en Baja California y llegó al cargo tras una polémica elección extraordinaria.

Este caso se suma a una serie de señalamientos contra exfuncionarios de la 4T por presuntas irregularidades en el ejercicio del poder. En un país donde la impunidad en delitos cometidos por servidores públicos sigue siendo elevada, la vinculación a proceso de un exgobernador de Morena representa un paso relevante en la rendición de cuentas, aunque la lentitud de los procesos judiciales y la percepción de selectividad continúan erosionando la confianza ciudadana en las instituciones.